Fuente:
El Mundo.
Survival Internacional denuncia la deforestación en esta zona de la selva tropical del planeta que, según un estudio, podría desaparecer en 40 años.
MADRID.- Una decena de cabañas de paja en la orilla del río Las Piedras ha bastado para comprobar que en la frontera entre Perú y Brasil hay pueblos indígenas no contactados que viven aislados en la selva amazónica.
La constatación de su existencia ha sido posible gracias a las fotos tomadas por un avión del Instituto Nacional de Recursos Naturales de Perú, desde el que se tomaron las imágenes de un asentamiento en el que pueden verse a 21 individuos, supuestamente de la tribu de los mashcopiro.
Durante el avistamiento del poblado, se observó a una de las mujeres, acompañada por un niño pequeño, que llevaba unas flechas y hacía gestos amenazantes hacia el avión, mientras los demás se refugiaban en la floresta.
La zona, según denuncia la organización Survival International, es una reserva natural protegida en Perú, pero está siendo invadida por madereros ilegales , como tantas otras áreas de la Amazonía.
Para la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) estas imágenes prueban de forma definitiva que los pueblos indígenas aislados existen y que "si no actuamos ahora, mañana puede ser demasiado tarde".
Los últimos informes estiman que de los 57 pueblos indígenas que hay en el país andino, aún quedan 15 que no han sido contactados, pero que están amenazados por los madereros y las explotaciones petrolíferas. No sólo su forma de vida corre peligro, sino que sus organismos no son inmunes a enfermedades que llegan de fuera y cualquier virus, inocuo para nosotros, puede ser mortal para ellos.
De hecho, Survival recuerda, en un comunicado, que el presidente de la pretrolera nacional Perupetro, Daniel Saba, declaró recientemente que «es absurdo pensar que hay no contactados cuando nadie los ha visto". Y un portavoz de su empresa los llegó a comparar con el monstruo del Lago Ness.
"Ahí están, para que todo el mundo los vea. Es el momento de reconocer y respetar sus derechos a la tierra, de impedir las explotaciones de petróleo y gas y de expulsar a los madereros y otros intrusos", exigen desde la ONG, dedicada a proteger a los indígenas.
Sin embargo, los gobiernos de la Amazonía van por otro derroteros y su intención de conectar las economías de América Latina con nuevas líneas de transporte, energía y telecomunicaciones pueden suponer el fin de toda la selva, si se cumplen los augurios del científico Tim Killeen, de Conservation International.
Killeen, que ha trabajado durante más de 25 años en la región, ha realizado un informe en el que señala que, de seguir estos proyectos adelante, la selva podría desaparecer totalmente en unos 40 años.
El investigador aboga por reconciliar "los legítimos derechos de desarrollo con la necesidad imperante de conservar el ecosistema".
En su análisis desmenuza los proyectos de las 12 naciones implicadas en la Iniciativa para la Integración Regional de Infraestructuras en Sudamérica (IIRSA), que incluyen autopistas, vías fluviales, presas hidroeléctricas y conexiones de telecomunicaciones. Y concluye que conllevarán un cambio en el clima, aumentará la deforestación para la agricultura y habrá más explotaciones mineras y grandes plantaciones de caña de azúcar para biodiesel. "En un contexto de cambio climático global, puede producirse un desastre medioambiental en el que está en juego el mayor área tropical del planeta y los beneficios que nos proporciona", señala.
Argumenta Killeen que la deforestación, además de acabar con la forma de vida de miles de indígenas, fulminaría la agricultura en el Río de la Plata. Sin embargo, considera que los bosques intactos generarían miles de millones de dólares en asignaciones de carbón para cumplir el Protocolo de Kioto y que los cultivos para biodiesel podrían plantarse en los 65 millones de hectáreas que ya están arrasadas, en lugar de talar más árboles.
Un primer paso podría ser el dado por el Gobierno brasileño, que acaba de firmar un acuerdo con nueve ONG ecologistas para detener la deforestación amazónica en el 2015.
El acuerdo, con un presupuesto anual de 390 millones de euros, promoverá un desarrollo que no se base en la destrucción. Incluye desde compensaciones a las tribus indígenas hasta la creación de más reservas naturales, el mejor control gubernamental de los ilegales y una optimización de las tierras agrícolas.
Greenpeace, una de las ONG firmantes, recuerda que sólo en 2006 desapareció el 17% la selva amazónica de Brasil.
