Derrame de Petróleo en San Vicente: Un Desastre Ambiental Evitable

El 25 de mayo, pasadas las once de la noche, más de 350 metros cúbicos de petróleo cayeron a las aguas de la Bahía de San Vicente, en la Octava Región, a unos 520 kilómetros al sur de Santiago. Mientras el barco New Constellation, de bandera de Islas Marshall, descargaba el combustible, una rotura en el ducto perteneciente al Terminal B de refinerías Enap Bío Bío impulsó el crudo a las aguas de Talcahuano.

Pese a que las primeras informaciones señalaban que el derrame había sido controlado exitosamente y, con ello, minimizados sus alcances, una semana después, el vertimiento se considera un desastre ambiental.

La ingeniera ambiental de Oceana, Antonia Fortt, hace ver que “hasta ahora se ha informado sólo del volumen de crudo perdido, pero no se sabe ni de la extensión del daño, ni de los posibles efectos que tendrá al combinarse con los metales pesados presentes en una de las bahías más contaminadas de Chile”.

Fortt agregó que “los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) no se distinguen, por lo que no basta con remover la mancha negra característica de este tipo de accidentes, sino que hay que realizar estudios más acabados para poder determinar los niveles que hay en el agua y el riesgo que esto implica a las personas en el corto y el largo plazo”.

La mancha extendida en más de 4 kilómetros sobre Punta Hualpén y el estuario de Lenga, un Santuario de la Naturaleza, contaminó a un centenar de aves y lobos marinos que habitan en la zona, y movilizó a decenas estudiantes y voluntarios de distintas organizaciones de la zona que intentaron rescatarlos y limpiarlos.

Sin embargo, además del daño ambiental que se produjo con el derrame, las consecuencias para la pesca artesanal y otras actividades económicas vinculadas a los recursos marinos, ya se dejan sentir entre la comunidad costera de esta zona.

“Sabemos que las áreas de manejo de los buzos mariscadores de San Vicente, podrían haber sido afectadas por el petróleo, lo que significaría la pérdida de la única fuente de ingresos para muchas familias de la zona”, señaló el concejal Hernán Pino Seguel, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos de la Municipalidad de Talcahuano.

Esta semana, la Federación Regional de Pescadores Artesanales le entregó a la Intendenta de la Región del Bío Bío, una nómina preliminar de los buzos, orilleros y pescadores artesanales afectados directamente con este derrame, los que llegarían a unos 300 trabajadores y sus familias, en total unas 1.200 personas.

Fatiga de material
Hace unos días, cuando se confirmaba que el derrame se había producido por una fisura en el ducto por donde se evacuaba el combustible, el gobernador marítimo de Talcahuano, Capitán de Navío Daniel Sarzosa, señalaba a la prensa que el vertimiento era el resultado de una fatiga de materiales. “Ello, pese a que el emisario submarino había sido inspeccionado antes de las faenas de descarga”.

“Acá se ha dicho que fue simplemente un descuido, cuando en realidad lo que pasa es que en 14 años, desde el derrame y posterior incendio de 1993, no se ha hecho absolutamente nada por mejorar el sistema de descarga de petróleo”, puntualizó el concejal Pino, lamentando que tanto Enap como el Gobierno Regional hayan intentado en un principio bajarle el perfil al accidente.

En tanto, para el Senador por la Octava Región y Presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, Alejandro Navarro, es muy importante que la compañía asuma su responsabilidad en este hecho. “Enap no sólo tiene que limpiar, sino que mitigar y reparar en todas sus formas el daño provocado por este desastre ambiental en la bahía de San Vicente, pues aquí habrá un daño de carácter permanente generado con el derrame”, enfatizó Navarro.

El Senador expresó que solicitará “que la empresa se haga responsable de todos los daños que se están produciendo en el corto plazo, pero que también disponga de todos los recursos necesarios para tomar las medidas de mitigación de la crisis a más largo plazo. Por lo que le solicitaremos que contraten una consultoría ambiental internacional que elabore un informe pericial con una evaluación de todas las áreas de descarga de petróleo desde los barcos hacia la planta, particularmente, las que están instaladas en terrenos de playa”.

Finalmente el legislador, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, señaló que “los ojos de muchas empresas privadas están puestas en este desastre. En ese sentido, Enap debe dar el ejemplo controlando la crisis y reparando el daño causado tanto a los pescadores como al medio ambiente, pues sólo de esa manera el Estado tiene la autoridad para hacerle las mismas exigencias a los privados”.

Mientras tanto, cuando esta semana se realice la licitación para que alguna universidad de la Octava Región lleve a cabo un estudio que refleje la magnitud del daño provocado por el derrame, recién comenzará el proceso para conocer el futuro de una de las bahías más contaminadas de Chile.

Fuente: Oceana.